Beatriz Bullón, profesora de Doctrina Social de la Iglesia, comienza hoy su análisis semanal de EpC en DiarioYa.es
Opinion
La educación para la ciudadanía pretende seguir las recomendaciones de la Unión Europea. La materia se considera necesaria, según dijo el Consejo de Ministros, dado el “nivel creciente de apatía política y cívica”.
La finalidad, en principio loable, es promover la ciudadanía activa. Es necesario hacer demócratas en las democracias. Pero una actuación de este tipo conlleva un riesgo de mediatización si se olvida que el poder político está al servicio de la sociedad civil. El riesgo antidemocrático que entraña es forzar a ser demócratas según una ideología única, forja de autómatas en un nuevo totalitarismo. Si esto se diera, nos jugamos la misma democracia e iríamos contra la defensa de los valores y los principios del Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia.
El principio de subordinación a la sociedad civil es olvidado por la Fundación CIVES presidida por el diputado socialista Victorino Mayoral, y la Cátedra Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, perteneciente a la Universidad Carlos III de Madrid, que elaboraron el contenido de la materia en nuestra patria. Por eso, en sus contenidos recogieron lo dicho por el Manifiesto del Partido Socialista Obrero Español de diciembre de 2006, que precisamente lleva por título Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía. En él se considera que uno de los desafíos más importantes que se plantea a los poderes públicos es “contribuir a la formación de conciencias libres”. El manifiesto defiende la necesidad de reafirmar el principio de laicidad, pues frente a los “fundamentalismos monoteístas o religiosos”, “la laicidad es el espacio de integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo”
Una laicidad así entendida, vinculada a una determinada ideología, es la que se respira en los normativa reguladora de esta nueva materia. Y es esa concepción la que tan fuerte oposición ha suscitado en los padres llevándoles a lo que sí propicia la verdadera democracia: la participación activa.
Beatriz Bullón de Mendoza
Opinion
La educación para la ciudadanía pretende seguir las recomendaciones de la Unión Europea. La materia se considera necesaria, según dijo el Consejo de Ministros, dado el “nivel creciente de apatía política y cívica”.
La finalidad, en principio loable, es promover la ciudadanía activa. Es necesario hacer demócratas en las democracias. Pero una actuación de este tipo conlleva un riesgo de mediatización si se olvida que el poder político está al servicio de la sociedad civil. El riesgo antidemocrático que entraña es forzar a ser demócratas según una ideología única, forja de autómatas en un nuevo totalitarismo. Si esto se diera, nos jugamos la misma democracia e iríamos contra la defensa de los valores y los principios del Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia.
El principio de subordinación a la sociedad civil es olvidado por la Fundación CIVES presidida por el diputado socialista Victorino Mayoral, y la Cátedra Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, perteneciente a la Universidad Carlos III de Madrid, que elaboraron el contenido de la materia en nuestra patria. Por eso, en sus contenidos recogieron lo dicho por el Manifiesto del Partido Socialista Obrero Español de diciembre de 2006, que precisamente lleva por título Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía. En él se considera que uno de los desafíos más importantes que se plantea a los poderes públicos es “contribuir a la formación de conciencias libres”. El manifiesto defiende la necesidad de reafirmar el principio de laicidad, pues frente a los “fundamentalismos monoteístas o religiosos”, “la laicidad es el espacio de integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo”
Una laicidad así entendida, vinculada a una determinada ideología, es la que se respira en los normativa reguladora de esta nueva materia. Y es esa concepción la que tan fuerte oposición ha suscitado en los padres llevándoles a lo que sí propicia la verdadera democracia: la participación activa.
Beatriz Bullón de Mendoza
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